Mauricio Flores
La energía eléctrica y el suministro de gas natural (o diésel, aunque para varias veces más caro) para su producción, son pilares de cualquier programa de activación fabril y/o servicio. Y es la dotación y distribución de tales insumos de lo que depende el ambicioso plan de Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar expuesto por el secretario de hacienda, Edgar Amador, que implicará inversiones públicas por 5.6 billones de pesos en 5 años.
Dado el profundo ajuste fiscal (el mas grande desde 2014, o sea uno de una magnitud a la que ni los neoliberales de Luis Videgaray se atrevieron) y una caída histórica de 25% en la inversión pública, la gran interrogante es en torno a las fuentes de recursos propios que la administración de Claudia Sheinbaum recurrirá para financiar un esfuerzo anual equivalente 1 billón 120 mil millones de pesos… y sin tener que recurrir a mayor deuda -que hoy en su expresión total rondará los 19 billones de pesos al cierre del segundo trimestre de 2026- que hoy ya absorbe el máximo nivel registrado de 52.4% respecto al Producto Interno Bruto.
Sólo para hacer equivalencias, el plan de Infraestructura representa obtener cada año algo así como 35 veces el cobro de impuestos a Ricardo Salinas Pliego… o sea que durante 5 años se tendrían que ejecutar un esfuerzo fiscal semejante a 175 cobros iguales a los que -sin sustento constitucional- se le aplicaron a Grupo Salinas.
Así que aumentar la inversión pública directa en energía sin aumentar la deuda pública se antoja complicado y exige un plan muy estructurado que parece no existir. Y es que no existen lineamientos conocidos de aplicación.
Lo que se sabe es que para canalizar 54.16% de los recursos públicos a energía se requiere la participación de inversionistas privados… y se les está invitando como socios de participación minoritaria (49% o menos) en la modalidad de Proyectos bajo Esquema de Desarrollo Mixto (PEDM) tanto en Pemex, a cargo de Víctor Ródriguez, como en CFE que lleva Emilia Calleja.
No se sabe – lo que tendría que ser parte de los lineamientos operativos- sí en cada PEDM la aportación de gobierno será en especie y/o activos intangibles, si se formaran empresas específicas de energía y sus insumos; y siendo el gobierno socio mayoritario, ¿el sindicato en cada proyectos será el de petroleros encabezados por Ricardo Aldana y/o de electricistas que encabeza Víctor Fuentes?
Si bien el gobierno declara que asumirá el riesgo de cada PEDM (y eventualmente a costa de mayor deuda soberana), el socio privado minoritario tendrá que consultar con sus inversionistas -nacionales y extranjeros- así como con sus acreedores sí esa alianza es bancable… o sea que sí se ganará suficiente dinero (ese “lucro” maldecido decenas de veces en las mañaneras) como para arriesgar capital y prestigio bursátil.
Y para que cada PEDM de energía capte un dólar privado, primeramente, necesita tener los estudios de proyección de ingeniería, luego de ingeniería a detalle, ingeniería de ejecución y finalmente ingeniería financiera de rentabilidad viable.
Vaya, nadie regala dinero… y menos sí el inversor privado sabe que cualquier controversia judicial con el gobierno se tendrá que dirimir en México ante una Grand Corte Cherokee a cargo de Hugo Aguilar.
En suman, son muchas las definiciones a determinar en las próximas semanas y aún más modificaciones al tablero de control oficial -en especial en materia de prevalencia estatal y costos regulatorios- para agregar 30MW de generación y transmisión en los próximos años. Lo positivo, nos aseguran es que en Palacio Nacional tienen conocimiento de ello. Veremos que sucede.






